El Estado Social de Derecho está fundado en la dignidad de la persona humana y es alimentado con la filosofía de solidaridad (Art. 1º C. N.) por lo que no puede estructurarse ni funcionar sobre el desconocimiento de los derechos de los particulares, afectando su honra y patrimonio, con daños y obligaciones que no tienen el deber jurídico de soportar. En Colombia se observa la problemática de las detenciones masivas; volviéndose cada vez más frecuentes las prácticas arbitrarias y la utilización inadecuada del poder al privar a un ciudadano de la libertad. Esto le está ocasionando al Estado problemas, entre ellos, las demandas por responsabilidad estatal, generando un detrimento patrimonial; La responsabilidad estatal debe declararse en todos los casos en que se dicte una sentencia absolutoria o su equivalente (preclusión de la investigación o cesación del procedimiento) porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Si bien es cierto el Estado está en el deber jurídico de investigar, el ciudadano no está en la obligación jurídica de soportar la Privación Injusta de la Libertad.