El presente trabajo de investigación presenta uno de los problemas más acuciantes de la política: la implementación de políticas económicas que con el discurso enunciado de lograr el bienestar general, conculcan otros derechos -y en este caso el derecho de propiedad- para lograr un financiamiento acorde a sus fines. Resulta así la paradoja que quines son los encargados primarios de la defensa de ese derecho son los encargados de vulnerarlo. El derecho de propiedad -como los otras derechos de primera generación- son fundamentales para el normal desarrollo de la sociedad. Lo derechos colectivos no deben así vulnerarlo, ni ponerlo en cuestión como ha sido frecuente en nuestra sociedad, en la que el derecho de propiedad es el más frecuentemente cuestionado por ideologías perimidas que suponen su anacronismo. Sin un derecho de propiedad suficientemente protegido los individuos carecen de incentivos para su propio desarrollo y subsecuentemente el de la sociedad. La democracia debería ser el sistema más eficiente para su protección. Pero la democracia no tiene siempre la calidad necesaria y es en democracias en dificit en las que estos procesos se conjugan para su propio deterioro.