Con la entrada en vigor del TLCAN 1994, se logra un Acuerdo que va más allá del intercambio de bienes y servicios ya que incluye temas ambientales y laborales. México tuvo que promulgar una nueva Ley de Inversión Extranjera y reformar su Ley Ambiental para cumplir con sus obligaciones dentro del Tratado. Sin embargo esto ha creado la polémica de que los Estados pueden utilizar al ambiente como medida proteccionista ya que hasta el momento no se ha diseñado una forma efectiva de calcular los costos ambientales. Metalclad Corp., una empresa norteamericana especializada en el tratamiento y confinamiento de Residuos Peligrosos, vio en México un mercado muy amplio y poco explotado. En 1993, compró un Confinamiento de Residuos Peligrosos en San Luis Potosí, sin embargo debido a presiones de la sociedad civil y del gobierno local y municipal tuvo que cerrar debido a la mala disposición de 55,000 toneladas que afectaron la zona. Metalclad llevó al gobierno mexicano a Panel Internacional por violaciones del Capítulo XI del TLCAN cuya resolución fue desfavorable para México, teniendo que pagar una indemnización de más de 16,000,000 dólares.