El derecho penal se fundamenta en la protección de los bienes jurídicos tutelados, como juicio de valor que cada ordenamiento protege y encuentra en la pena el mecanismo eficaz y adecuado. El principio de legalidad penal es sin duda uno de los más transcendentales logros del constitucionalismo, pues establece una protección de la seguridad jurídica de los eventuales sujetos procesales, ya que les permite previamente estar al tanto de las conductas prohibidas y las penas previstas para estas. Este principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y enfatiza en tener condiciones de igualdad frente al poder punitivo estatal. Por eso es importante identificar la forma en que se incorporan en el derecho penal internacional, ya que ha servido como garantía para que los ciudadanos puedan ser juzgado conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y que será el objeto de estudio del presente libro.