En el vertiginoso incremento de la actividad urbanística acaecida en España a lo largo de la última década, el papel de la propiedad del suelo sigue teniendo un protagonismo clave en la vida económica de nuestro país. Lo inmobiliario o, en un sentido más amplio, lo urbano -pues hay que añadir las infraestructuras- se materializa sobre el soporte suelo. Pero este soporte, esta base se encuentra dividida, fragmentada por la propiedad privada, la cual, a través de una serie de hechos administrativos (planeamiento) persigue su reclasificación (de rústico a urbano), permitiendo a sus titulares la obtención de rentas millonarias. Y es en este marco en el que se fragua la llamada “corrupción urbanística”, que muestra, con claridad meridiana, la subordinación de la política a los intereses de ciertos grupos económicos (propietarios de suelo, constructores y promotores inmobiliarios).