Desde 2004, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas investiga la naturaleza jurídica de la obligación de extraditar o juzgar. Su objetivo es definir el alcance de este principio como posible herramienta de lucha contra la impunidad. Para ello, ha solicitado de los Estados respuestas a ciertas preguntas a través de las cuales se pretende inferir el carácter del mencionado principio en el ámbito del Derecho Penal Internacional. España se encuentra entre los Estados que no han respondido a las preguntas de la Comisión, retrasando, de este modo, el avance de este estudio. Este trabajo pretende colmar la referida laguna proponiendo una respuesta en nombre de España a las preguntas de la Comisión. Con esta finalidad, se han analizado los Tratados multilaterales y bilaterales en los que España es parte, la legislación interna y la jurisprudencia de los distintos tribunales españoles. El marco teórico de análisis se limita, en este proyecto, a las más graves violaciones de derecho internacional: crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.