Los Estados de Latinoamérica se lanzaron, a partir de fines de la década del 80, a firmar numerosos Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), compitiendo entre sí como si se tratara de un certamen televisivo. Dichos acuerdos de inversión establecieron un sistema jurídico especial caracterizado por su atomización, complejidad y diversidad. Asimismo establecieron un sistema de solución de controversias que, en líneas generales, imponía el arbitraje y que disponía un esquema particular de fuentes. Como consecuencia de ello, la doctrina comenzó a demandarse si con la ratificación de los TBIs en el ámbito latinoamericano la Doctrina Calvo había fenecido y se había generado un nuevo subsistema jurídico disociado del derecho internacional general.