La importancia de las tecnologías de la información y comunicación se deduce de operaciones que van desde comerciales entre particulares hasta procedimientos de contratación y/o trámites con el Estado; no obstante, nace la incertidumbre en quienes intervienen en un contrato electrónico e inclusive a quienes acceden a portales web del gobierno, en cuanto a la existencia y alcance de la protección y eficacia jurídica de la información manejada. El objetivo general de la presente investigación es determinar la tutela que el Estado venezolano ofrece a las transacciones electrónicas a través de su poder legislador, que permita remozar la confianza sobre este creciente modo de instrumentar pretensiones, para lo cual se realiza un estudio documental bibliográfico aplicando la hermenéutica jurídica, que permite evidenciar que el Estado ha desarrollado un conjunto de normas garantistas al uso de los medios electrónicos pero que sólo cuando se eduque a la sociedad y se creen las plataformas tecnológicas para asignar a cada ciudadano una firma electrónica con un certificado asociado, se podrá materializar el progreso tecnológico que en la legislación se vislumbra.