El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, avanzan en el propósito de poner fin al conflicto armado de más de cincuenta años, por medio de la negociación política, en donde se hace necesario acudir a diferentes instrumentos para posibilitar este proceso de transición, teniendo como problema el cómo los actores armados darán cuenta ante la justicia de la grave violación de los derechos humanos, situación que implica una fuerte tensión entre los propósitos de justicia para las víctimas y la paz para el conjunto de la sociedad, estableciendo para ello normas de rango constitucional como el Acto Legislativo 01 de 2012, mediante el cual el Estado adopta medidas propias de la justicia transicional referidas al modelo de justicia que se deberá aplicar con este fin.